La paradoja del individualismo libertario: cuando la negación del Estado exige su presencia

 La paradoja del individualismo libertario: cuando la negación del Estado exige su presencia

Alejandro Melendi

En los últimos años, hemos sido testigos de un resurgir del discurso ultraliberal y libertario en diversas partes del mundo, incluido Argentina con la llegada de Javier Milei a la presidencia. Este movimiento, que se presenta como una radical oposición al intervencionismo estatal, ha calado especialmente en los jóvenes, quienes consumen información a través de redes sociales y plataformas digitales, donde los mensajes tienden a la simplificación extrema y a una retórica efectista más que al rigor argumentativo. No es casualidad que estos discursos suelan basarse en falacias de autoridad o en afirmaciones que, sin evidencia empírica suficiente, buscan consolidarse como verdades incuestionables. En muchos casos, se recurre a la consigna "dato mata relato" o "número mata relato", lo que no solo simplifica la discusión, sino que también puede llevar a una manipulación de la información empírica para sostener narrativas preestablecidas. Además, en este tipo de discursos, los sustantivos como derecho, feminismo, distribución o progresismo son transformados en adjetivos con connotaciones negativas; por ejemplo, el progresismo es degradado al término "wokismo". Si esta estrategia no es suficiente, se descalifica directamente a quienes sostienen posturas contrarias, y en el extremo, se apela a amenazas como "los vamos a ir a buscar" para invalidar cualquier disidencia. Un ejemplo claro es el uso selectivo de datos económicos para argumentar el éxito o fracaso de un modelo sin considerar el contexto histórico y estructural. Por ejemplo, se pueden presentar cifras de crecimiento económico sin mencionar el aumento de la desigualdad o la precarización laboral, generando una visión parcializada de la realidad.

Uno de los ejes centrales de este discurso es la idea de que el Estado es un ente prescindible o, en el mejor de los casos, una estructura que debería reducirse a su mínima expresión. Según esta lógica, los derechos no serían otra cosa que privilegios concedidos arbitrariamente por el Estado, y cada individuo debería ser responsable de su propio destino sin necesidad de regulaciones ni protecciones colectivas. Sin embargo, aquí emerge una contradicción fundamental: quienes sostienen estas ideas, a menudo son los mismos que exigen del Estado beneficios concretos, como becas, acceso a la educación, seguridad y salud. La negación del Estado convive con la exigencia de su intervención cuando se trata de resolver problemas individuales.

Michel Foucault, en obras como Vigilar y castigar y La historia de la sexualidad, ha analizado cómo el poder no es un ente monolítico que se impone desde una sola dirección, sino que se ejerce en una multiplicidad de niveles y atraviesa los cuerpos y las subjetividades. En este sentido, el ultraliberalismo contemporáneo, lejos de representar una ruptura con las estructuras de poder, parece reconfigurarlas en términos de una nueva forma de dominación: aquella que se oculta bajo la apariencia de la autonomía individual. Al igual que en el feudalismo, donde la protección era una prerrogativa del señor feudal y no un derecho del siervo, el ultraliberalismo reintroduce una concepción de la sociedad donde la seguridad y el bienestar dependen de la capacidad individual de competir en un mercado desregulado, y no de un marco de garantías colectivas.

Desde la filosofía política, podría argumentarse que este fenómeno es una manifestación del contractualismo extremo llevado a su máxima expresión. Sin embargo, el problema es que las condiciones reales de partida de los individuos no son iguales ni equitativas, por lo que la aparente autonomía termina por ser una ficción que encubre desigualdades estructurales. Como bien señaló John Rawls en Teoría de la Justicia, una sociedad justa debe garantizar que las oportunidades no estén determinadas por condiciones arbitrarias de nacimiento o riqueza, sino por un marco institucional que equilibre esas diferencias.

Entonces, la pregunta clave es: ¿podemos hablar de libertad cuando las condiciones de existencia son determinadas por estructuras que privilegian a algunos en detrimento de otros? Si la libertad es meramente la ausencia de coacción estatal, pero no se acompaña de condiciones materiales que la hagan efectiva para todos, lo que se obtiene no es una sociedad más libre, sino una donde el poder se concentra en quienes ya tienen ventajas preexistentes. En este sentido, la supuesta "meritocracia" que defienden los libertarios no es otra cosa que la legitimación de desigualdades históricas bajo la retórica de la competencia individual.