Censura con pasaporte: audios que cruzan en Buquebus

 Volanta: Ecos de Radio Colonia 

Bajada: Invocar “seguridad del Estado” para tapar una conversación de interés público es desandar el art. 13: menos razones, más permisos. La palabra viaja; la democracia, ¿se queda en la orilla?

Hay metáforas que no piden permiso: si la noticia necesita ferry, la censura ya está en puerto. El regreso del fantasma de Radio Colonia —ahora en clave Buquebus— nos recuerda una vieja lección rioplatense: cuando la palabra cruza el río para poder escucharse, el problema no es el viento de proa sino la mordaza en tierra firme.

Hecho.

Un juez civil y comercial federal —Alejandro Patricio Maraniello— dicta una cautelar que ordena el cese de la difusión de audios grabados dentro de la Casa Rosada y atribuidos a una alta funcionaria. La orden no distingue medios de redes, ni periodistas de operadores: pide silencio antes de que la ciudadanía pueda formarse un juicio. Y para ejecutar la valla, oficia al ENACOM. No hablamos de desmentir con pruebas ni de reclamar daños después; hablamos de cerrar la boca pública de antemano.

Mecanismo.

La mordaza no se proclama; se justifica. Se invoca la “seguridad del Estado” y la “intimidad” de las personas. Pero allí donde el derecho manda responsabilidades ulteriores (Constitución, arts. 14 y 32; CADH, art. 13), se instala un bozal previo. La protección de la intimidad no habilita a bloquear el debate sobre un asunto de evidente interés público; la seguridad del Estado no es el blindaje reputacional del gobierno de turno.

Memoria.

Radio Colonia fue la rendija por donde respiró lo que acá estaba prohibido. Que hoy la escena se repita con otro dial y otro ferry habla menos del Uruguay que de nosotros. Un país que se jacta de libre no terceriza su oxígeno informativo en la otra orilla.

Qué es “seguridad del Estado” (y qué no).

El estándar democrático es estrecho y verificable. La seguridad nacional sólo autoriza restricciones puntuales cuando hay amenaza concreta e inminente a un interés legítimo (operaciones en curso, capacidades críticas, fuentes en riesgo) y cuando se elige el medio menos restrictivo. No alcanza con declamar “desestabilización” en campaña ni con el pudor de evitar un bochorno institucional. La Corte Interamericana lo dijo sin metáforas en Olmedo Bustos: prohibir la difusión antes es censura previa. Punto.

1. Si los audios son falsos, prueben su falsedad.

2. Si hubo delito en la obtención, investiguen y sancionen a los responsables.

3. Si hay daño, reparen por vías ulteriores.

4. Si hay intimidad afectada, protejan quirúrgicamente lo que corresponda.

5. Lo que no se hace en una república es amordazar a todo el ecosistema antes de la discusión.

He verificado por múltiples fuentes que lo que se pretende clausurar no es un secreto militar ni un plan de batalla, sino una conversación de interés público por el lugar, el tiempo y los actores involucrados. He leído una orden de alcance general que carece de prueba de daño inminente y delega en un regulador la tarea de repartir el silencio. Concluyo: no se busca la verdad de los hechos; se administra un mutismo.

Habermas lo escribió en otra lengua, pero se entiende en criollo: la legitimidad nace de la deliberación. Cuando el Estado sustituye razones por autorizaciones, la esfera pública deja de ser una conversación para convertirse en ventanilla. Y lo silenciado retorna —diría Lacan— como síntoma amplificado: el efecto Streisand hace del bozal un megáfono. (es el fenómeno por el cual un intento de ocultar, censurar o borrar información termina amplificándola: cuanto más se la quiere tapar, más gente se entera).

No nos pidan creer que esto es respeto por la libertad. La libertad que no tolera el disenso es un eslogan con hambre. Si la palabra debe sacar pasaje en Buquebus para volver a casa, el problema no son los audios: es la respiración de nuestra democracia. Levanten la cautelar, tramiten delitos si los hay, discutan en voz alta. Porque la república —esa conversación terca— sólo vive sin barbijos sobre la boca de la prensa.