Ficha Limpia: cuando la transparencia se convierte en exclusión políticaFicha Limpia: cuando la transparencia se convierte en exclusión política

 ¿Puede una ley que promete ética y transparencia convertirse en un instrumento de persecución política? ¿Hasta qué punto los reclamos de pureza institucional esconden una estrategia para suprimir al adversario? En tiempos donde la moral se usa como escudo y la justicia como lanza, urge preguntarse quién define lo limpio, y sobre todo, con qué manos.

En las últimas semanas, varios concejos deliberantes bonaerenses —entre ellos, el de Laprida— manifestaron su apoyo al proyecto de ley de “Ficha Limpia”, actualmente en discusión en el Senado provincial. Se trata de una propuesta que busca impedir que personas condenadas por delitos graves puedan presentarse como candidatas a cargos públicos. ¿Quién podría estar en contra de algo así? ¿Quién defendería que un corrupto, un abusador o un homicida llegue a ocupar una banca? La respuesta, sin embargo, no está en el contenido moral de la pregunta, sino en lo que se oculta detrás del discurso higienista: una trampa jurídica y política que amenaza las bases del sistema democrático.

El proyecto prevé impedir candidaturas con condenas no firmes, es decir, sin que la justicia haya agotado todas las instancias. Esto viola un principio constitucional básico: la presunción de inocencia. Según nuestra Constitución (artículo 18) y tratados internacionales con jerarquía constitucional, nadie puede ser considerado culpable mientras tenga instancias judiciales pendientes. La Corte Suprema argentina lo ha sostenido una y otra vez: una sentencia sin firmeza no puede tener efectos plenos, como lo sería inhabilitar políticamente a alguien. Es decir, se estaría castigando a una persona antes de que sea efectivamente culpable. Eso no es justicia: es arbitrariedad.

La “Ficha Limpia” se inscribe en una lógica más amplia, donde la moral se usa como vara para excluir al otro político, especialmente cuando ese otro representa intereses populares. No es casual que el presidente Javier Milei haya declarado, sin pudor, que él será “quien le clave el último clavo al ataúd del kirchnerismo”. Esa frase no habla de un debate democrático, sino de una voluntad de eliminación. Sin embargo, quienes se enarbolan como adalides de la transparencia no aplican la misma vara para casos escandalosos que afectan a su propio sector. ¿Por qué no avanzan con la investigación del caso López, el exsecretario de Obras Públicas que arrojaba bolsos con dinero presuntamente proveniente del Tesoro de los Estados Unidos? ¿Y qué hay del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuya causa está paralizada y sin avances sobre quién financió al grupo agresor Revolución Federal?

Tampoco hay movimientos institucionales para que Karina Milei declare formalmente su rol como Secretaria General de la Presidencia, ni respuestas oficiales sobre el caso "Libra", en el que se acusa al propio presidente de estafa. La moral pública se invoca cuando conviene, se retira cuando incomoda. Ficha Limpia no es una política de Estado, es una herramienta de disciplinamiento político.

La fuerza que promueve Ficha Limpia en la provincia de Buenos Aires no aplicó el mismo celo cuando estalló el escándalo de los aportantes truchos de la campaña de María Eugenia Vidal. En esa causa, cientos de ciudadanos —incluidos vecinos de Laprida— descubrieron que sus nombres habían sido utilizados para justificar aportes de campaña que jamás realizaron. Muchos salieron públicamente a denunciar que los habían usado sin su consentimiento. ¿Y el actual concejal firmante del beneplácito en Laprida? También aparece en esa lista. ¿Fue víctima o cómplice? ¿Es inocente? Que lo diga, que se investigue, que actúe con la transparencia que exige a otros.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el fallo de la Justicia Nacional Electoral que confirma que el expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora María Eugenia Vidal utilizaron aportantes falsos para costear la campaña legislativa de Cambiemos en 2017. El fallo, firmado por el juez Alejo Ramos Padilla, procesó a varios funcionarios por falsedad ideológica y omisión dolosa del origen de los fondos. Más de 1.400 personas, muchas beneficiarias de planes sociales, jubilados o empleados públicos, fueron incluidas como supuestos donantes. Las sanciones económicas alcanzaron a todas las fuerzas de Cambiemos, con penas que podrían llegar a diez años de prisión para los involucrados. Este caso revela el verdadero rostro de quienes hoy promueven una ley supuestamente ética: no tienen problema en violar principios elementales de transparencia cuando se trata de sus campañas, pero exigen Ficha Limpia para disciplinar al adversario político.

Desde la filosofía política, pensadores como Hannah Arendt han advertido que el uso del derecho para excluir es una forma de violencia simbólica. En "Los orígenes del totalitarismo", Arendt señala que cuando el derecho se transforma en instrumento para despojar a ciertos sujetos de su legitimidad política, se rompe el pacto básico de ciudadanía. Esta perspectiva crítica no pretende justificar conductas delictivas, sino alertar sobre los riesgos de vaciar de contenido ético a la política en nombre de la moralización del adversario. Kant sostenía que la moralidad exige universalidad: no hay justicia posible si las normas sólo se aplican contra los adversarios políticos, mientras se ocultan o minimizan las faltas propias. Paul Ricoeur también advierte que la justicia no es venganza legalizada, sino la institución que mantiene viva la posibilidad del reconocimiento recíproco entre iguales. Reivindicar la ética en la política es asumir que la ejemplaridad no reside en la sanción simbólica del otro, sino en el compromiso con una práctica política transparente, argumentada y justa para todos los sectores de la sociedad, sin excepciones ni privilegios ocultos.

En Argentina, el caso de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner ofrece un ejemplo contundente de cómo la judicialización puede convertirse en una herramienta de disciplinamiento político. En diciembre de 2022 fue condenada en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, en un proceso plagado de irregularidades y sin sentencia firme. Esa condena, usada para intentar excluirla de la competencia electoral, fue definida por Eugenio Zaffaroni como “una pena mediática anticipada”. Luigi Ferrajoli, desde la teoría del garantismo, sostiene que “no hay democracia sin garantías”: una democracia auténtica requiere respetar los derechos fundamentales, incluso —y especialmente— de quienes resultan incómodos para el poder.

La verdadera limpieza en democracia no se hace con exclusiones, sino con participación. No se logra con prohibiciones, sino con debates. La ética pública no se impone con leyes selectivas, sino con transparencia, inclusión y justicia social. Y sobre todo, con memoria. Porque ya hemos vivido proscripciones, listas negras, discursos de odio. Y sabemos que cuando algunos gritan “orden”, lo que realmente quieren decir es: “que gobiernen los nuestros y nadie más”.